Vista aérea de Medina de Rioseco y de la finca Villagodio donde que se pretendía edificar. Fuente:
Por sentencia de 27 de diciembre de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Medina de Rioseco referida a la finca Villagodio, aprobada por Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid el 25 de marzo de 2015.
Según Ecologistas en Acción, la Consejería de Fomento aprobó la construcción de casi cuatrocientas viviendas y un campo de golf obviando cuatro informes claramente contrarios a tal proyecto, para conseguir así salvar una operación especulativa protagonizada por una sociedad pantalla. Todo esto contando con el aval del Ayuntamiento de la pequeña población vallisoletana, de apenas cinco mil habitantes.
El consistorio cambió la clasificación de una parte de la mencionada finca de suelo rústico a suelo urbanizable, para de este modo permitir la construcción de 397 viviendas en la zona sur de la villa, situadas a apenas un par de kilómetros del núcleo urbano, y quedando separadas de este centro por la autovía de León y el río Sequillo. Algo que contradice al propio PGOU, que marca ambos elementos como los límites urbanos.
Reiterando otras sentencias anteriores de la misma Sala y el Tribunal Supremo, y reproduciendo el informe desfavorable a la modificación del Jefe del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, el TSJCyL estima que no existe en el municipio de Medina de Rioseco necesidad para ampliar el suelo con destino residencial, cuando está acreditado que su PGOU tiene suelo clasificado para albergar más de 5.500 viviendas” y que la modificación pretendida permite por sí sola casi cuatrocientas viviendas completamente desconectadas del núcleo urbano de Medina de Rioseco”.
Situación de la finca cuestionada dentro de la provincia de Valladolid y de la región.
La modificación fue promovida por la sociedad Villagodio Rioseco, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Oviedo, la cual con un pequeño capital social de tres mil euros actuó como intermediaria de un grupo de empresarios desconocidos que habrían adquirido las seventy four hectáreas de la finca como suelo rústico en 2007, obteniendo con la modificación municipal aprobada la reclasificación como suelo urbanizable de 20 hectáreas, así como las plusvalías derivadas de los derechos de edificación de las viviendas.
Para el colectivo ecologista se trata de una actuación especulativa heredada de la época de la burbuja inmobiliaria, que inexplicablemente la Junta de Castilla y León aprobó pese a los informes contrarios del Jefe de Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y de la Diputación Provincial de Valladolid.
Entonces fue necesaria una instrucción ex profeso” de la Consejería de Fomento, dirigida entonces por el hoy alcalde de León, Antonio Silván, para obligar a media docena de funcionarios públicos a adoptar una resolución en contra de lo por ellos mismos informado, haciendo constar éstos en el acta de la Comisión de Urbanismo donde se aprobó la modificación anulada que su voto favorable se produjo en virtud de la Instrucción vinculante de la Dirección Common de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo” de la Junta.
Por ello, los ecologistas exigen al precise Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que explique su interés en una actuación privada puramente especulativa, al tiempo que le reclaman mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos, apostando por la rehabilitación urbana y limitando los crecimientos a las viviendas que se justifiquen por las necesidades propias de cada municipio, tal y como establece la legislación de urbanismo y suelo. Por otro lado, los ecologistas vuelven a exigir a la Junta que se pase página de la desastrosa política urbanística practicada en la década dorada del ladrillo”.
Un ecologista en El Bierzo.
Movimientos de tierra en la zona del aparcamiento proyectado en la construcción de una pista de esquí seco en Villavieja del Cerro (Valladolid). Oct. 2009.
Entre tanta mala noticia que abruma últimamente al movimiento ecologista, como la condena reciente de miembros de Ecologistas en Acción que se oponían a la contaminación del río Segura, me llega una esperanzadora. Proviene de Valladolid, en dónde se ha hecho respetar la ley.
Puedo asegurar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con su condena en firme al ayuntamiento de Tordesillas y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta (María Jesús Ruiz Ruiz es premio Atila de Ecologistas en Acción), ha contribuido a renovar en mí una fe marchita en la justicia. El Tribunal Superior ha hecho justicia y los acusados habrán que pagar las costas del juicio (es decir, que las pagaremos entre todos). Pero, incluso así, creo que lo podemos considerar como una victoria.
El proyecto Meseta Skí”.
Un 24 de octubre de 2007, el diario ‘El Norte de Castilla’ titulaba así una de sus reseñas: Cinco ambiciosos proyectos para potenciar el turismo en los pueblos estarán acabados antes de las elecciones”. Obviamente, estábamos frente a la habitual propaganda electoral a la que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, anunciando siempre grandes proyectos justo antes de las elecciones. Y entre esos cinco propósitos urbanísticos se encontraba el que me convoca hoy con mis lectores: Meseta Ski”.
situarnos rápidamente en el meollo del asunto, recojo lo que se escribía en ese artículo:
El proyecto más ambicioso presupuestariamente hablando es el de la creación del complejo deportivo Meseta Ski, en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro, una iniciativa a la que la institución provincial ha destinado 4,7 millones de euros y que tiene como protagonista una pista de esquí seco al aire libre de 225 metros de largo por 25 de ancho.
Pese a que en la actualidad solo se han ejecutado algunos movimientos de tierras, el equipo de gobierno de la Diputación pretende que el complejo abra sus puertas en abril mayo del próximo año, porque la instalación
no es demasiado complicada”.
La pista se complementará con otra para el patinaje sobre hielo, además de aparcamiento y edificio administrativo, aunque forma parte de un proyecto más amplio que en un futuro podría complementarse con otras ofertas de ocio y tiempo libre como un parque de aventura, un campamento infantil, un picadero para organizar rutas a caballo, un circuito de bicicletas de montaña y rocódromo”.
A cualquiera de mis lectores habituales de este texto sin duda les recordará otro proyecto que ya conocen, presentado últimamente por el Ayuntamiento de Ponferrada. Y si no me creen, les animo a que consulten en páginas anteriores la propuesta municipal para El Pajariel, parque forestal ”.
Recalificar bosques quemados está prohibido al menos durante treinta años.
La codicia humana es, ahora y siempre, como un pozo que sin fondo. Y, aunque algunas actuaciones públicas nos la disfracen con bellas palabras del estilo trabajo para todos”, beneficios para la comunidad”, la mayoría sabemos (pues ya no quedan tontos) que con excesiva frecuencia se persiguen objetivos que poco, nada, tienen que ver con los proclamados.
Y esto es lo que creo que ha vuelto a suceder con el caso que relato ahora, en el que aprovechando un incendio fortuito” de hace 10 años, la avispada Diputación de Valladolid, con la connivencia del ayuntamiento de Tordesillas y la Junta de Castilla y León, pensaron que roturando lo que quedaba del monte quemado podrían alcanzar unos objetivos ilícitos.
Comprendo la ilusión de los vecinos de Villavieja, y no quito valor a las 7.000 firmas recogidas a favor del proyecto, porque entiendo que la gente quiere trabajo y más vida social, pero creo que se ha de respetar la ley, pues es el fundamento de nuestro sistema social. Ha de ser la misma para todos sin excepciones. Además, es éste un principio que siempre hemos de exigir que se cumpla, porque casi siempre es la principal garantía de los débiles frente a la corrupción.
Alegaciones de Ecologistas en Acción.
El 9 de octubre de 2006, Ecologistas en Acción presentó ante el fiscal-jefe de la Audiencia provincial de Valladolid alegaciones contra el proyecto de Meseta Skí”. En un extenso informe denunciaba que se habían iniciado obras carentes de permisos y que no se habían elaborado los pertinentes estudios de impacto medioambiental, ni de movilidad y tráfico, entre otras carencias. Además, revelaba la existencia de bienes arqueológicos en la zona, que habían sido obviados por los proyectistas, así como el hecho que el plan presentado a información pública se asentaba en suelos rústicos de diferente clasificación: común genérico, con protección natural, con protección natural paisajística y con protección natural forestal.
En el ‘Plan Normal de Ordenación Urbana de Tordesillas’ (PGOU) aparece un yacimiento arqueológico en Villavieja del Cerro llamado Cerro de San Juan” que figura con el número 30. Y en las ‘Normas Subsidiarias Municipales’ de 1990 aparecen dos enclaves en dicho cerro. El PGOU cube textualmente que no resultan compatibles con la conservación de los yacimientos los usos que supongan remoción del subsuelo, salvo las actividades agrícolas tradicionales… Por lo tanto, cualquier tipo de obra movimiento de terreno que pretenda realizarse en las zonas donde se localicen yacimientos arqueológicos documentados y catalogados deberá contar con autorización previa, condicionándose la ejecución de las mismas a la realización de estudios y excavaciones arqueológicas que fuesen precisos”.
Pues bien, en un cínico intento de fraude evidente, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural llegó a afirmar la inexistencia de tal yacimiento.
La Junta y el Ayuntamiento de Tordesillas deberán pagar las costas del juicio.
Obras ilegales del proyecto Meseta Skí. Villavieja del Cerro (Valladolid). 2009.
Hace dos semanas Ecologistas en Acción dio a conocer la Sentencia nº 2.056 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que confirma la suspensión del cambio de uso forestal de los terrenos donde se proyectaba instalar la pista de esquí de Villavieja del Cerro (Tordesillas). En el mismo escrito, la organización medioambientalista aclaraba los motivos que propiciaron el fallo judicial: Por vulnerar la Ley de Montes, que establece en su artículo 50 que las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 años”.
El permiso, ahora suspendido, lo otorgó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid el 14 de marzo de 2007, seis meses después del inicio de las obras de construcción de la pista de esquí, en octubre de 2006.
Para decidir el veredicto final la Sala ha hecho suyas las argumentaciones de los jueces de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y 2 de Valladolid, y sus propias sentencias de 15 de mayo de 2008 y 28 de mayo de 2009, sobre las licencias municipales y a la autorización de uso excepcional en suelo rústico.
Por lo demás, resulta muy interesante el texto de la nueva sentencia, que marca límites a la codicia empresarial y pública, estableciendo que otra idea predominante en la última doctrina jurisprudencial es la de que la creación de riqueza no puede erigirse en un interés más digno de protección que el de la protección de la legalidad urbanística y medioambiental.
Nueve decisiones judiciales declaran la ilegalidad de las obras ejecutadas.
Con esta resolución firme del Tribunal Superior Justicia de Castilla y León suman ya nueve las veces en que las obras realizadas y los permisos otorgados para la ejecución de la pista por la Diputación Provincial de Valladolid son declaradas ilegales.
Esta circunstancia ya fue advertida por el representante de las Organizaciones sociales a la Comisión de Prevención Ambiental de Valladolid, en presencia del actual portavoz del Grupo Widespread en la Diputación vallisoletana, – y entonces delegado territorial de la Junta, Jesús García Galván -, y del diputado de Asesoramiento a Municipios y alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez. La advertencia de nada sirvió.
Folleto promocional del proyecto Meseta Skí. Villavieja del Cerro (Valladolid). 2006.
No obstante, en una nueva y lamentable muestra de la política de hechos consumados”, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla y León continuaron adelante con las obras presupuestadas.
Consiguieron así dilapidar hasta doce millones de euros públicos que podrían haber servido para inversiones de mayor interés social. Ese dinero es el articulos de montaña resultante del sobrecoste que por el suelo público de la diputación han tenido que pagar los vecinos del vallisoletano barrio de Villa del Prado.
Es de lamentar tanta corrupción en nuestras instituciones, algo que nos llevará a la ruina nacional. Tanto como que Ecologistas en Acción, en su comunicado de prensa, tenga que recordar a nuestros parlamentarios, – populares y socialistas -, que ellos también han de respetar la Constitución. Señal de que algo está fallando.
El TJCyL haya logrado poner freno, espero que definitivamente, a la inmoralidad de quienes juraron respetar las leyes y que son hoy los primeros en saltárselas a la torera.
Desde mi humilde tribuna mediática no puedo hacer otra cosa que insistir ante los procuradores populares y socialistas en las Cortes para que hagan respetar las leyes y resoluciones judiciales, y que en lo posible enmienden la ineptitud de sus representantes locales.
Un ecologista en El Bierzo.
Cinco ambiciosos proyectos para potenciar el turismo en los pueblos estarán acabados antes de las elecciones. 23/10/06. (este enlace ha desaparecido, pero el artículo aún se puede encontrar en el dossier presentado por Ecologistas en Acción).
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